Aunque la Constitución lo permite de acuerdo a las leyes, y siempre que existan causas justificadas de utilidad pública y medie una indemnización, el Gobierno ha asegurado que no piensa cambiar la inscripción de la Mezquita y Catedral de Córdoba, justificando su decisión en “numerosas razones” que impiden hacerlo, entre ellas, “la falta de recursos” y la actual crisis económica.
"Sería difícil de explicar a los ciudadanos andaluces y al conjunto de la sociedad que en la actual situación de crisis, especialmente grave en esa comunidad, las administraciones públicas destinaran una ingente cantidad de dinero, que habría que sustraer de otras partidas más necesarias, a expropiar la Catedral de Córdoba", precisa el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito al grupo Izquierda Plural.
Otra de las razones es que, según apunta el Ejecutivo, no se da ninguna de las circunstancias previstas en la Ley de Patrimonio Histórico Artístico que justifique ese fin social necesario para que pueda realizarse el cambio de la titularidad.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria que vendría a eliminar el actual sistema de inmatriculación de los bienes de la Iglesia Católica. La futura norma homogeneizará los requisitos, de forma que la Iglesia se equipare al resto de instituciones y las inscripciones de su propiedad tengan que pasar por el procedimiento normal.
Según explica el Ejecutivo, el actual sistema, "fruto de unas circunstancias históricas y legislativas muy determinadas, ha dejado de tener sentido en la actualidad". En la memoria del proyecto, explicaba que esta autorización se otorgó en un contexto socioeconómico "muy diferente" del actual, influenciado aún por los efectos de las leyes desamortizadoras.
Además, el Gobierno justifica la desaparición de este tratamiento especial indicando que ha transcurrido "un tiempo suficiente" desde la reforma del reglamento hipotecario de 1998, que ya permitió la inscripción de los templos al culto católico, proscrita hasta entonces. A esto se suma, según apunta el Ejecutivo, la "facilidad y normalidad actual en la obtención de una titulación adecuada para la inmatriculación de bienes".
La inmatriculación de la Catedral
Antes de 1998, el artículo 5 del Reglamento Hipotecario exceptuaba de inscripción a los bienes de dominio público de distinta titularidad y los templos destinados al culto católico. Desde la Diócesis de Córdoba alegan que, por tanto, antes de 1998 no se podía inscribir la Catedral ni ningún otro templo.
Todo cambió a partir de 1998. El artículo cinco fue reformado y el nuevo artículo 4 del Real Decreto 19867/1988 permitió entonces que se inscribieran los templos católicos. Dicho artículo decía que “serán inscribibles los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos, sin distinción del a persona física o jurídica a que pertenezcan, y por tanto, los de las Administraciones Públicas y los de las entidades civiles y eclesiásticas”.
Desde entonces la Iglesia podía inmatricular sus edificios de culto. La Diócesis cordobesa, el día 2 de marzo de 2006, hizo lo propio con la “Santa Iglesia Catedral de Córdoba”, nombre con el que fue declarado el edificio Monumento Nacional en el siglo XIX.
En febrero de este año, la Junta de Andalucía, por boca de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, anunció estar estudiando "la expropiación del templo", alegando que se trata de un Bien de Interés Cultural y declarado, además, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
La Delegada de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio, dijo entonces que había solicitado un informe jurídico para saber si le compete al gobierno de la Junta de Andalucía reclamar la titularidad pública de ese bien". Sin embargo, aseguró que se "hará todo lo que tenga que hacer" para que el histórico monumento "sea de titularidad pública".
El Cabildo de la Catedral reaccionó manifestando su sorpresa y asegurando que las declaraciones del portavoz de la Junta sobre la titularidad del templo “en su conjunto no se ajustan a la realidad y son contrarias a las normativas jurídicas vigentes”. Además, emitió un comunicado aclarando que “siempre ha mantenido entendimiento y colaboración leal con las Administraciones Públicas, no cuestionándose en ningún momento ni la titularidad ni la gestión del templo”. Y precisa que la Iglesia de Córdoba “ha cuidado la misión que tiene encomendada en sus tres vertientes esenciales: el culto, la cultura y la caridad. Esta tarea la ha venido desarrollando a lo largo de casi ocho siglos, pública, pacífica e ininterrumpidamente a título de dueño”.
Título que, de momento, seguirá ostentando.
