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Las claves de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Analizamos las novedades de la nueva reforma de la LPI, aprobada la semana pasada en el Congreso. La Tasa Google, la creación de una ventanilla única de pago para compensar económicamente a los editores de contenidos, y un mayor refuerzo de los instrumentos de control y transparencia de las entidades de gestión, son algunas de las claves.
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que presentó el Gobierno el pasado mes de febrero. La ley tendrá que pasar ahora por el Senado y, según anunció el PP, habrá cambios respecto al texto actual, por lo que volverá a votarse en el Congreso.
 
El proyecto fue aprobado por 22 votos a favor frente a los 20 votos en contra; una votación que refleja la división del Congreso en una reforma que, al igual que sucedió con la Ley Sinde en su momento, ha suscitado polémica dentro del sector digital y cultural. La mayoría absoluta del PP ha servido para seguir adelante con ella. Sin embargo, es obligado entrecomillar la palabra "división" ya que, aunque grupos como el PSOE o CiU votaran finalmente en contra, sí se logró llegar a una cuerdo en 9 enmiendas transaccionales que daban respuesta a 20 enmiendas presentadas, incluidas las de UPyD.

Aunque se votara
finalmente en contra,
PSOE y CiU sí
apoyaron un número
significativo de
enmiendas
Por ejemplo, se llegó a un acuerdo en que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual pudiera dirigirse no sólo a las páginas que vulneren de forma "significativa" los derechos, sino también a aquellas que faciliten su vulneración de forma "apreciable". Así como, votaron a favor de esta sección pudiera solicitar el bloqueo de páginas web. En materia de entidades de gestión, también hubo acuerdo, llegando a un consenso para que dichas entidades deban negociar con las asociaciones del sector los criterios de remuneración.

Se dio una falta de lógica muy propia de la política. Se apoyaron enmiedas de una ley sobre la que luego votaron en contra.
 
Para evitar una mayor polarización del asunto, el Gobierno ha calificado la reforma como “parcial”, y añade que su aprobación se debe al retraso de España respecto a dos directivas europeas de hace un par de años. Además, la Unión Europea anunciará el próximo año nuevos cambios en la Propiedad Intelectual, por lo que el Ejecutivo español tendrá que volver a presentar otro proyecto ajustado a las directrices europeas, que podría tumbar algunas normas locales.
 

Aspectos de la reforma

 
A pesar de la aprobación de la LPI en la Comisión de Cultura del Congreso, todavía hay ciertos aspectos que se desconocen o no se han detallado con claridad.
 
"La piratería no va a desaparecer", afirmó el ministro José Ignacio Wert
Para evitar casos de corrupción como el de la SGAE, el Gobierno refuerza los instrumentos de control y transparencia de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual para las Administraciones Públicas, tratando de evitar las “sociedades opacas”. Sin embargo, se desconoce como llevará a cabo esta transparencia. 
 
Paradójicamente, la piratería no ha sido el centro de atención de este proyecto. El propio ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ya afirmó que, con esta reforma, “la piratería no va a desaparecer”, debido a que “los alojadores de estos contenidos no están dentro del ámbito jurisdiccional español”. La ley viene a reforzar la posibilidad de iniciar con los países que alojen servidores piratas para llegar a acuerdos que sirvan para cerrar dichos servidores. Además, la ley promueve la creación de un tablón de anuncios virtual en el que aparecen todas las páginas web piratas y que estará accesible a todos. 
 
Pero esta nueva ley incluye también una modificación del Código Penal. En concreto, se considerará delito a las webs de enlaces que faciliten “la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente, entre otros, mediante listados ordenados y clasificados de enlaces a tales contenidos, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral de mantenimiento”. De esta manera, no se criminaliza a los responsables de las webs de descargas, sino al enlace en sí. Las multas por incumplir la ley irán de los 30.000 a los 300.000 euros.
 
El Gobierno aumentará los poderes de la Comisión de Propiedad Intelectual que fue creada en la Ley Sinde, y será la encargada de decir que webs se cierran. Hasta hoy, solo se encargaba de actuar contra las páginas que alojen contenidos ilegales, ahora podrá intervenir contra las webs de enlaces a las descargas. Una de las principales críticas es que la Comisión es dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y no del poder judicial.
 
Con esta reforma de la Ley se establecen dos cánones de propiedad intelectual: el de ccopia privada y la llamada Tasa Google
Pero el punto más polémico de la reforma de la LPI se encuentra en la ya conocida Tasa Google. En un comunicado remitido la semana pasada, el ministerio que dirige Wert, aseguró  "la denominada ‘Tasa Google’ que no implica en ningún caso que los usuarios de internet tengan que realizar pago alguno por enlazar a noticias creadas por las editoras de prensa. Por tanto, las redes sociales no son objeto de esta medida"

Este canon obliga a los agregadores de contenidos como Google News o Menéame a pagar a los editores de contenidos una compensación económica por explotar sus contenidos, a la que no podrán renunciar. El pago se hará a través de una ventanilla única, que será la de CEDRO en el caso de los editories de prensa, que tendrá que ser constituida por las entidades de gestión en un plazo de cinco meses como una persona jurídica privada que aúne todas las operaciones de pago de los usuarios de derechos de propiedad intelectual. En caso de que no haya sido constituida la ventanilla única, será la Comisión de Propiedad Intelectual quien se encargue. "Nos parece de ley que exista una compensación", añaden fuentes del Ministerio de Cultura a este medio.
 
Los acuerdos deben alcanzarse entre empresa y agregador y sólo en caso de que una de las dos partes se enroque y haga inviable la negociación intervendrá la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, que impondrá por decreto una cuantía. Cómo se pagará esa compensación equitativa si no se llegase a un acuerdo y, sobre todo, quién decidirá que fragmentos son o no significativos, son algunas de las cuestiones que, hasta ahora, el Ejecutivo no ha explicado.
 
De este modo, se establecen dos cánones de propiedad intelectual. Por un lado, el ya conocido canon digital, incluido dentro de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, pagado a través de los impuestos de los contribuyentes; y por el otro, la ya explicado Tasa Google. La principal duda que presenta esta modificación es cómo se evitará que las entidades de gestión de derechos actuen como un monopolio ya que, la compensación es "irrenunciable" y, por lo tanto, paso por estas entidades también. 
 

¿Qué consecuencias puede traer?

 
Ricardo Galli, uno de los fundadores de Menéame, plataforma que difunde las noticias de los medios mejor valoradas por los usuarios, añade que esto provocará que Menéame y Google News España cierrne, lo que provocará una caída bastante considerable de visitas en los principales medios, e incapacitándolos así para poder adquirir una mayor publicidad porel descenso del núemero de visitantes. Concretamente, desde hace unos meses, el boicot de los usuarios de la plataforma a los medios incluidos en la AEDE, supuso un descenso en el tráfico del 99%, pasando de un total de 1,7 millones a tan solo 17.000 visitas al mes en Menéame.
 
“Recibimos muchas más solicitudes de inclusión en Google News que de exclusión", aclara la directora jurídica de Google España, María González. “Aparecer en Google News es voluntario. Quien no quiera, no tiene por qué hacerlo”. González señala que “todos los meses, Google envía más de 10.000 millones de visitas a editores de noticias de todo el mundo”.
 
Según un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) para la Coalición Pro Internet, la implantación de la denominada Tasa Google tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros anuales para los internautas españoles, al incrementarse su tiempo de búsqueda para acceder a la información deseada. Informe que, sin embargo, fuentes cercanas a AEDE, aseguran que está diseñado para, precisamente, arrojar finalmente esos resultados.