Dicho sin rodeos y en unos términos que entendibles desde una fría tribuna política: según un estudio de la UNESCO, la cultura es más rentable que las telecomunicaciones. El 3 por ciento del PIB global, esto es, más de 2.000 millones de euros anuales, proceden de las industrias culturales, que dan trabajo a casi 30 millones de personas en todo el planeta, el 1 por ciento del empleo mundial.
En España, de acuerdo con cifras gubernamentales, la cultura representa cerca de un 3,5 por ciento del PIB, con 500.000 trabajadores y unas 7.000 empresas españolas que viven de ella. Su importancia la reafirma el último y reciente Anuario de Estadísticas Culturales, que indica que en España se realizan una media de 19 millones de viajes por motivos culturales. Bien lo saben en Barcelona, semillero de festivales y citas musicales que atraen a miles de visitantes.
Y es que la música ruge como uno de los principales motores culturales. Aún bajo las duras condiciones económicas generales, agravadas por las circunstancias particulares que vive el sector desde hace años por la subida del IVA, la facturación de la música en vivo en nuestro país -según los datos de la Asociación de Promotores Musicales (APM)- volvió a crecer en 2015, siguiendo la pauta de 2014.
Grandes eventos empujan la facturación
Los 173,5 millones de euros de 2014, un 9,7 más que en 2013 y la primera remontada tras muchos ejercicios de caída, se convirtieron el año pasado en 194,5 millones, lo que representa un 12,1 por ciento más de facturación. Los expertos lo achacan a la recuperación de las grandes giras internacionales, especialmente a citas de estadio que despacharon miles y miles de entradas a precio alto (por ejemplo, los 3 conciertos de AC/DC), y a la consolidación de festivales.
Mayor facturación, sin embargo, no implica una marcha más boyante del negocio. Los márgenes que manejan los promotores siguen siendo tan exiguos que dejan tras de sí beneficios relativos y ponen en riesgo la viabilidad de los proyectos. Además, el éxito de las grandes citas no debe esconder que el 80 por ciento del sector, encarnado por promotores y artistas pequeños y medianos, a duras penas puede salir adelante.
La protección de la cultura es un deber no solo desde la lógica de los números. “Hacer de menos la cultura de un país es no entenderlo. Los países más importantes la cuidan muchísimo. Es su identidad. A España se la conoce más por Picasso que por (Mariano) Rajoy. Se ha fomentado mucho el deporte, que me parece fantástico, pero querría que también lo hicieran con la cultura, que es el deporte del cerebro”, opinaba este mismo año Alejandro Sanz, en una rueda de prensa en la que reclamó la bajada del IVA cultural del 21 por ciento en el que quedó fijado tras la reforma fiscal que acometió el PP en 2012.
Reducir el IVA, la gran prioridad
Está demostrado que el incremento de recaudación fiscal no es necesariamente beneficioso para las arcas del Estado. En los primeros 12 meses con el IVA cultural al 21%, la recaudación del Estado derivada del valor añadido aumentó 13,3 millones de euros, pero los ingresos generados por IRPF, impuestos de sociedades y Seguridad Social cayeron en 42,3 millones.
Además, conforme al último Anuario de la SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, unos 21,9 millones de personas asistieron a festivales y conciertos en 2014 frente a los 22,8 que lo hicieron en 2013 (un 4 por ciento menos). Si se analiza la variación desde 2011, el último ejercicio completo con el IVA al 8 por ciento, el dato es mucho peor: una bajada del 19 por ciento en asistencia, es decir, casi 5 millones de personas menos en un sector “muy elástico” y sensible a los cambios abruptos de precios.
“Más allá de cifras, el perjuicio que ha hecho la subida del IVA radica en el paso atrás que hemos dado a nivel de industria, en la dificultad para invertir y desarrollar nuevos talentos, en lo poco competitivos que somos respecto al resto de países comunitarios, en la falta de circuitos de música por el cierre de cientos salas, en el alto riesgo al que nos sometemos cada día que programamos un evento, en los miles de puestos de trabajo perdidos y en lo desesperante que es luchar contra un gobierno que no entiende el valor de la cultura”, denuncia Pascual Egea, presidente de la junta directiva de APM.
La bajada del IVA es “sin duda” su principal reclamación desde 2012, según afirma Neo Sala, su vicepresidente. “La APM tiene muchos otros problemas graves, pero la magnitud del problema del IVA es tan grande que afecta a todo el sector de la música en nuestro país”, subraya.
Lo suscribe Emilio Santamaría, hasta hace no mucho presidente de la Asociación de Representantes Técnicos y del Espectáculo, quien critica el “alarde de histrionismo escénico digno del mejor teatro griego” del PP en sus vaivenes con respecto al IVA. “De no ser tan trágico sería cómico”, dice el dirigente de ARTE, que denuncia que la situación del 2015 ha sido prácticamente la misma que en 2014, “porque la condena del IVA era la misma”.
Sala, coordinador de la histórica jornada de protesta “Un Día sin Música”, reclama por ello un IVA superreducido (4%) “como el que actualmente se aplica a periódicos y libros”. “Entendemos que la música popular, y particularmente la música en directo, no tiene que ser un producto de lujo accesible por su precio solo a unos pocos”, defiende.
Sensibilidad cultural y musical
En línea con esa petición, que se deriva en opinión de APM de una falta de sensibilidad con la música, la segunda gran reclamación tiene que ver con la articulación de medidas que proporcionen el lugar que merecen “todas las músicas, porque todas son cultura”, puntualiza Egea.
El objetivo es llegar a una situación similar a la que existe en países como Francia. Allí existen leyes que fomentan y protegen la difusión musical e incluso promueven circuitos regionales o estatales. No es solo que su IVA grave con un 5,5 por ciento las entradas de conciertos; con sana envidia se vio cómo el gobierno galo inyectó 50 millones de euros en ayudas para contrarrestar posibles efectos adversos en esta industria de los atentados del 13N, uno de los cuales -el más cruento- tuvo lugar durante un concierto en la sala Bataclan.
La meta deseable para España sería la promulgación de una completa Ley de Música, como han contemplado algunos partidos, mientras otras formaciones apuestan por un plan de acción por “efectividad y por acortar plazos”. Para Egea, “cualquier avance que hagamos será bueno, más allá de estar en tierra de nadie como ahora”, y cita de paso la necesaria creación de un régimen fiscal adecuado a la actividad irregular de los trabajadores del sector y la promoción de un Estatuto del Músico.
“Es necesario que se reconozca el carácter cultural de la música en directo y de las salas donde esta se ejecuta, así como una regulación del sector, poniendo nombre y apellido a cada uno de los agentes que intervienen”, apostilla.
Regulación del sector
Esa es otra reivindicación permanente para mantener a salvo la imagen general del empresariado serio y riguroso, más aún para evitar males a los asistentes a conciertos que abarcan desde cuestiones puramente administrativas o monetarias (con cancelaciones súbitas y sin explicaciones) o, como tristemente se vio tras la tragedia del Madrid Arena, con consecuencias muchísimo más trágicas.
“La presencia de profesionales acreditados detrás de la organización de eventos debería ser requisito indispensable. Esta es una actividad que lleva inherente la existencia de posibles riesgos, con lo que si además la llevan a cabo no profesionales, gente que no conoce los protocolos de actuación, las consecuencias pueden ser más que serias”, afirma Keina García.
Una de las soluciones, indica, sería la colegiación del sector. “Al igual que para editar un disco se pide una licencia que en este caso concede la SGAE y hay que estar como mínimo dado de alta en el epígrafe de productor fonográfico, debería ser requisito imprescindible que los recintos donde se va a realizar cualquier evento musical en directo exigiesen que quien lo va a realizar sea como mínimo un profesional acreditado”.
A largo plazo, el futuro de estos objetivos pasaría por la creación de un título, a través de un programa de formación. En la actualidad existen grados universitarios que marcan el camino a seguir. El siguiente paso debe ser la unificación de criterios y creación de un plan de estudios común.
Impulsar el mecenazgo
Las esperanzas de los promotores, igual que las de muchos otros empresarios culturales, estuvieron puestas en la última legislatura en una Ley de Mecenazgo que nunca se hizo realidad, aunque el PP vendiera que se ha conseguido el 80 por ciento de lo que se proponía.
“En un momento especialmente duro económicamente, en el que las administraciones públicas han reducido su aportación a la cultura, es cuando más habría que potenciarse el compromiso de las empresas privadas con este mundo”, considera el vocal de la junta de APM Albert Salmerón, por lo que esta debería ir más allá de un mero conjunto de incentivos fiscales, para tener una dimensión “pedagógica” que fomente la participación de la sociedad civil.
La Ley de Mecenazgo ideal debería entonces incluir otro tipo de estímulos, “como puede ser el reconocimiento público del altruismo y de la condición de mecenas que ayudaría a la motivación de los benefactores”, subraya. Esto, añade Egea por su parte, “reduciría la dependencia con el Estado, liberando partidas presupuestarias que podrían ser utilizadas para fomentar la cultura menos popular”.
A vueltas con las tarifas de derechos de autor
La falta de recursos de los promotores posee un cuarto foco de acción, la tarifa que se paga a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Tras 10 años de procesos legales, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) otorgó la razón a APM y dictaminó que el 10% que se cobraba entonces de los ingresos por entradas del concierto era “abusivo”, obligando a SGAE a fijar una nueva tarifa “equitativa”. La CNMC contrastó este porcentaje con el que se cobra en países referentes como Reino Unido (3%) y Estados Unidos (0,25-1%).
Simultáneamente el último Gobierno aprobó una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que obligaba a todas las entidades de gestión de derechos de autor a negociar nuevas tarifas para todas las modalidades de explotación de estos derechos.
“La SGAE no sólo no ha negociado con los promotores musicales las nuevas tarifas, sino que está intentando dar por buena una nueva que, en nuestra opinión, ni responde a los nuevos criterios recogidos en la ley ni respeta la resolución de la CNM”, denuncia Patricia Gabeiras.
Para Gabeiras, parte del problema radica en la redacción de la Ley de Propiedad Intelectual. Entre los aspectos positivos, “está la novedosa relación de los criterios que deben respetarse a la hora de aprobar las tarifas”, criterios que desde APM se llevan defendiendo desde hace años y que ya habían sido reconocidos por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
No obstante, entre los puntos negativos destaca “la pésima redacción y técnica legislativa” de la Disposición Transitoria segunda sobre el sistema para esa aprobación, que “está permitiendo” aprobar de nuevo tarifas que “no son respetuosas” con dichos criterios.
Es por eso “que se establezca un procedimiento que asegure que las nuevas tarifas se negocien realmente con las Asociaciones sectoriales, cumplan con los criterios establecidos en la propia Ley y que, en caso de no cumplirlas, su revisión pueda ser sometida a un sistema de resolución de conflictos rápido y efectivo”, no como ahora, mediante denuncia ante la CNMC y posterior recurso ante los tribunales.
Son las reivindicaciones principales de los promotores, pero no las únicas. También es necesario crear una única Ley del Espectáculo. Cada comunidad autónoma tiene la suya y es uno de los principales escollos para el acceso de menores de edad a salas de música en algunas regiones, como bien han sabido hasta este año los madrileños.
Artículo publicado en el VII Anuario de la Música En Vivo de la Asociación de Promotores Musicales.
