Si hubiera que resumir en dos las reivindicaciones políticas de los empresarios culturales, serían el IVA cultural y la piratería. En el caso del primero, ha conseguido unir a toda la industria cultural con un solo propósito: reclamar al Gobierno una bajada de este impuesto. En el caso del segundo, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual parece haber contentado a medias al sector, que todavía exige al Gobierno más dureza contra ella.
El sector editorial, la que más fuerza culturalmente tiene en España, pide acabar definitivamente con la descarga de contenido ilegal. “Nos gustaría ver de una vez por todas resultados efectivos en cuanto a las políticas de protección de la propiedad intelectual y de lucha contra la piratería”, señala el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio Dávila.
El propio mundo de los libros reconoce que “la legislación ha mejorado”, aunque señala que “las medidas puestas en marcha no están dando resultado”, según afirma CEDRO, la asociación de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras. Así, en 2015, más del 87% de los contenidos digitales consumidos en nuestro países fueron piratas.
Según el Observatorio de la piratería 2015, presentado por la Coalición de Creadores, la piratería de libros de ocio crece un 36% en tan solo 12 meses. El informe hace cuentas y recalca que se han perdido un total de 103 millones de euros. No obstante, podría carecer de valor ese dato, puesto que da por supuesto que si no se hubiese descargado ese material, los internautas ilegales lo hubieran comprado.
Las novedades editoriales: lo más pirateados
Otro de los datos relevantes del estudio es que el 45% de los libros pirateados son novedades, un hecho “muy preocupante” para Magdalena Vinent, la directora general de CEDRO. En opinión de Vinent, estos números “están lastrando el mercado, en tanto que las cantidades que se están dejando de percibir no permiten invertir en la publicación de nuestras obras”.
CEDRO señala que si se acabase con la piratería, se crearían 21.672 nuevos puestos de trabajo directos –número muy exacto- y más de 100.000 empleos indirectos. Además, el Estado recaudaría más de 540 millones de euros a través de impuestos como el IVA o el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Así, las medidas que plantea el sector del libro son la de bloquear el acceso a las webs que promuevan la piratería –no solo quien tenga archivos ilegales en sus servidores-, además de crear “campañas de sensibilización” y de multar a las operadores y proveedores de Internet. Unas medidas algo polémicas que no sé sabría con exactitud su funcionalidad. Por ahora, todo está en manos de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
